El sistema penitenciario en México

Corrupción, impunidad, hacinamiento, presos inocentes y culpables, tráfico de drogas en los penales, complicidad de autoridades con delincuentes y una burocracia exacerbada son los principales obstáculos para la reforma del sistema penitenciario en México. Aunque algo se ha empezado a hacer, dice el autor de este artículo.

La inminencia de las modificaciones legales

Este año 2011 está destinado a ser muy importante en materia de cambios en el sistema penitenciario nacional, tomando en cuenta varios factores, entre ellos, que el 18 de junio se cumple el plazo de tres años impuesto por el transitorio quinto del Decreto de Reformas Constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública (RC), para dar inicio a la sustitución del concepto de readaptación social por el de reinserción. Además, por razones conexas, se ha iniciado la construcción de varios penales, para tratar de lograr una infraestructura carcelaria que responda a los requerimientos de las reformas legales relativas a la ejecución de sanciones y el sistema penitenciario.

Motín en cárcel mexicana

El tema de las cárceles es muy complejo, basta considerar que tan sólo para delimitar el tema específico a tratar habría de tomarse en cuenta, de inicio, al menos los siguientes binomios: ámbito federal y estatal; menores de edad y adultos; hombres y mujeres; prisión preventiva y penitenciaria; delincuencia común y delincuencia organizada; reincidentes y primodelincuentes y peligrosidad mínima y alta, además de las instalaciones específicas para medidas de seguridad. Todo lo anterior, tomando en cuenta que cada uno de los elementos de cada binomio es un universo que requiere un tratamiento específico, comenzando con las leyes y los reglamentos que han de regirlo.

Por lo que hace al ámbito federal y respecto del sistema penitenciario, para dar cumplimiento dentro del plazo al transitorio quinto de la RC, el Ejecutivo ha hecho llegar a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para que, en su caso, se apruebe la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, la cual regulará, entre otras materias, la delimitación de funciones que corresponderán al Poder Ejecutivo y al Judicial, en el ámbito carcelario, pues a partir de la entrada en vigencia de la ley propuesta la ejecución de las penas privativas y restrictivas de libertad corresponderá al Poder Ejecutivo Federal, mientras que la modificación y duración de las penas corresponderá al Poder Judicial de la Federación.

Con respecto al ámbito local, la Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, publicó a mediados de abril los Lineamientos para la Construcción de la Ley de Ejecución de Sanciones para las Entidades Federativas. Estos lineamientos habrán de servir para que las entidades federativas elaboren y publiquen sus leyes respectivas para normar lo relativo a la ejecución de sanciones.

La entrada en vigencia de estas leyes será la base para que se inicie en toda la República el nuevo sistema de reinserción (dejando para la historia el intento de rehabilitación), prevista, la reinserción, en el artículo 18 de la Constitución Federal. Asimismo, permitirá que se dé inicio a las funciones del juez de ejecución para dar cumplimiento al artículo 21 constitucional que establece, a partir de la reforma de 2008, que “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”. Merced a la anterior disposición habrá de iniciarse en el ámbito penitenciario una reforma difícil de echar a andar en la práctica, dadas las condiciones actuales de la mayoría de las cárceles en México, donde históricamente ha correspondido al Poder Ejecutivo tomar decisiones relativas a la modificación de sanciones, consistentes principalmente en la libertad anticipada, tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena.

El difícil asunto del hacinamiento carcelario

Un problema persistente en los sistemas penitenciarios es el hacinamiento. La construcción de espacios siempre ha ido más lenta que el requerimiento de éstos. Esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento.

Esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento.

Para darse una idea de la magnitud del problema de sobrepoblación se puede consultar el cuaderno mensual correspondiente a febrero de 2011, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, respecto al Sistema Penitenciario Federal. Así, tenemos que la población penitenciaria total asciende a 229,426 internos, de los cuales 4.52% son mujeres. Del total, 80.28% corresponden al fuero común y el restante 19.72% al federal. Tan sólo con estos datos ya se puede deducir que el grueso del problema se encuentra en lo concerniente a las entidades federativas y básicamente respecto a varones. No obstante, en muchos de los centros penitenciarios estatales gran parte de su población está constituida por reclusos del fuero federal. Habrá que mencionar que, respecto de la población femenil recluida en centros penitenciarios tanto federales como estatales, éstos no cuentan con mejores condiciones que los varones.

En cuanto a la dependencia de los centros penitenciarios, de la misma fuente se puede saber que existen ocho centros federales con una capacidad de 13,214 internos; diez dependientes del Distrito Federal con capacidad de 22,577; 320 estatales, para 143,522 internos y 92 municipales para 3,603 reclusos. El total de centros es de 429 y su capacidad total es de 182,905 internos. En 195 de estos centros existe sobrepoblación y de ellos 48 albergan población penitenciaria del fuero común y los restantes 148 tienen tanto población federal como del fuero común. La cifra total de sobrepoblación es de 40,042 lugares. Existen buenas noticias en este tema, consistentes en los planes para entregar en 2012 doce centros federales penitenciarios con capacidad para albergar a 32,500 internos, además de ampliaciones en varios otros centros, tanto federales como estatales, próximos a entrar en operación.

En el ámbito internacional México es uno de los países con mayor porcentaje de reclusos, ya que se tiene una tasa promedio de 207 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que Estados Unidos, que ostenta el primer lugar en este rubro, cuenta con 756 reclusos por cada cien mil habitantes. El promedio internacional es de 145 reclusos por cada 100 mil habitantes [véase Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias, Efrén Arellano Trejo, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo núm. 104, febrero de 2011, p. 3]. Desde luego que las condiciones de los reclusorios estadounidenses, así como el componente de la población penitenciaria, son muy diferentes a las que campean en México. De cualquier forma, dadas las condiciones actuales de la mayoría de los centros penitenciarios lo más recomendable es intentar bajar ese porcentaje para lograr disminuir la presión de la sobrepoblación y así intentar un cambio cualitativo tanto en el ámbito federal como en el estatal.

Si existe sobrepoblación en una gran cantidad de centros penitenciarios dependientes de las entidades federativas, en los que se encuentran recluidos también presos del fuero federal, resulta fácil concluir que es necesario comenzar por construir suficientes espacios dependientes de la Federación para aliviar el problema en el ámbito local.

En el ámbito federal se ha procurado que los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) se mantengan al límite de su capacidad, sin intentar ingresar más internos que los espacios disponibles. Asimismo, se ha anunciado la creación de nuevos centros de reclusión expresamente diseñados para garantizar la seguridad, tanto interna como externa. Éste es otro de los problemas recurrentes, ya que la seguridad en los centros penitenciarios deja mucho que desear. Basta con echar un vistazo a la historia de las fugas, que van desde las muy ingeniosas o sofisticadas, como lo son el uso de un helicóptero o la salida escondido en un carrito de ropa de lavandería, pasando por la salida de propio pie por la entrada principal, o las fugas masivas logradas por medio de “rescates” en los que bien puede haber o no disparos de los compinches de los maleantes internos, pero siempre se hace evidente la complicidad de las autoridades penitenciarias ya que los fugados son generalmente narcotraficantes o secuestradores, con gran capacidad de corrupción.

Los saldos de la vida carcelaria

Reclusorio Sur

Ciertamente, quienes estén de alguna manera relacionados con el estudio del tema ya se habrán hecho un criterio informado, dado que existen datos respecto de todos sus componentes. Sin embargo, es necesario que las conclusiones a que se haya arribado hasta el momento sean difundidas entre la ciudadanía en general para que se tome consciencia de que tales irregularidades afectan no solamente a los internos y sus familiares, sino a toda la población, dado que, además de que la forma irregular en que se custodia a los internos propicia que éstos sigan delinquiendo durante su reclusión; también se dan efectos negativos que afectan la economía, comenzando por el alto costo de mantener privados de la libertad a quienes bien podrían estar libres, siguiendo por los efectos perniciosos ya no de carácter económico, sino social, pues el inadecuado tratamiento de los internos produce efectos negativos tanto durante el cumplimiento de su condena como al quedar en libertad, una vez cumplida aquélla o, aún peor, si se fugan sin haber completado su condena.

Si se acepta que un detonador de varios de los problemas recurrentes del sistema penitenciarios es el hacinamiento, se debe considerar que se ha dado un primer paso positivo para resolverlo con la construcción de nuevos centros federales de reclusión. Esto alivia automáticamente la sobrepoblación en los reclusorios estatales, puesto que históricamente ha sido en estos centros en los que un alto porcentaje de condenados del orden federal compurgan la totalidad o parte de sus condenas.

Asimismo, en el ámbito local se ha iniciado la construcción de nuevos centros de reclusión, con el apoyo de fondos federales, aunque no al ritmo deseable.

La falta de centros penitenciarios modernos, equipados y administrados debidamente propicia el incumplimiento de normas fundamentales, como son la debida separación de los sentenciados tras una clasificación que garantice que las características de cada interno sean determinantes en la decisión del lugar o la sección en que deba cumplir su condena, para evitar que delincuentes de poca peligrosidad o aquellos que delinquen por vez primera (primodelincuentes) tengan contacto con los reincidentes o de mayor peligrosidad. Si al menos se lograra en lo futuro separar correctamente a los diversos grupos delincuenciales se estaría dando un gran paso para evitar la contaminación que implica el actual sistema, que ha convertido las cárceles en centros de capacitación y adiestramiento de futuros miembros de la delincuencia organizada, principalmente.

La prisión preventiva es otro de los aspectos negativos que es un fenómeno histórico en México. Al acudir a las estadísticas publicadas por la Secretaría de Seguridad Pública federal se puede constatar que en promedio, en el plano nacional, más de 40 por ciento de los privados de libertad del fuero común no han sido sentenciados, es decir, están siendo procesados, por lo que legalmente son inocentes, pues no se ha demostrado su culpabilidad y responsabilidad mediante sentencia firme. Si de por sí 40 por ciento es muy alto como promedio, podemos encontrar entidades como Baja California Sur y Quintana Roo con porcentajes mayores a 60%; aunque en contraste se tengan porcentajes menores a 30% en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Esto es, se tiene perfectamente detectado el problema por entidades federativas, por lo que se puede tratar de solucionar la tendencia a utilizar la prisión preventiva en forma indiscriminada y comenzar a aplicar los criterios establecidos en la RC, para reducir el porcentaje de procesados privados de su libertad.

El costo económico de la prisión preventiva es muy alto en México, sobre todo si se toma en cuenta que un gran porcentaje de los procesados se encuentran privados de su libertad acusados de delitos de menor cuantía. De lograrse uno de los objetivos de la RC, consistente en procurar disminuir la privación de la libertad como medida precautoria durante el proceso, habrá un ahorro de recursos que pueden ser empleados para otros fines, independientemente de que, al dejar de dictar prisión preventiva para miles de procesados, se evitarán los efectos negativos en el ámbito laboral y familiar que la prisión preventiva ocasiona.

Visos de paliativos para el sistema penitenciario

La combinación de edificación, ampliación y remodelación de centros penitenciarios, tanto federales como estatales, con la entrada en vigor en más entidades federativas del nuevo sistema penal acusatorio, será un alivio para la sobrepoblación penitenciaria, ya que es de esperarse que sean menos los procesados a los que se les encarcele durante el proceso, al dejar de tener énfasis el objeto del proceso penal en castigar al delincuente y efectuar un giro para propiciar la reparación del daño, así como procurar sentencias alternativas a la de privación de la libertad.

El costo económico de la prisión preventiva es muy alto en México, sobre todo si se toma en cuenta que un gran porcentaje de los procesados se encuentran privados de su libertad acusados de delitos de menor cuantía.

Los primeros pasos para resolver o aminorar el problema de la sobrepoblación penitenciaria han sido dados con la asignación de recursos para la construcción de nuevos centros penitenciarios y la entrada en vigor de la reinserción social y la consecuente entrada en escena del juez de ejecución de sanciones, con lo que es de esperarse que mejore la situación de los que se encuentran privados de su libertad. Desde luego que aún falta lo más difícil de lograr, que es que se produzca realmente el cambio esperado al quedar a cargo del Poder Judicial la determinación de la duración y modificación de las sanciones, entre otras varias funciones correspondientes ahora al Poder Ejecutivo.

Por otro lado, se están realizando esfuerzos para reclutar, capacitar e integrar nuevos elementos al sistema tanto federal como en el Distrito Federal y algunas entidades para reforzar al personal de custodia de los centros penitenciarios, medida que en los nuevos centros penitenciarios y con la intervención del juez de ejecución de sanciones probablemente cambie el panorama, así sea modestamente al principio.

Será necesaria una constante labor de divulgación de los beneficios que implica lograr que los centros penitenciarios no sólo garanticen seguridad, sino que, además, propicien que durante su detención el procesado o condenado sea tratado teniendo en mente siempre el respeto a sus derechos fundamentales, para lograr los propósitos de la reinserción social, procurando, asimismo, que los penales signifiquen seguridad tanto interna como externa. Éste puede ser el camino para lograr disminuir la práctica creciente de actividades delictivas realizadas desde el interior de los reclusorios, principalmente las extorsiones que tanto han dañado en años recientes a la sociedad. Habrá de estar atenta la ciudadanía para exigir a las autoridades que no dejen todo el esfuerzo únicamente en cambios de legislación, sino que, efectivamente, sean capaces de hacer realidad un cambio significativo en la ejecución de las sentencias penales.

Sin embargo, no obstante el mucho dinero invertido en modernizar las instalaciones penitenciarias, cambios importantes en la legislación y preparación del personal de custodia y otros aspectos indispensables, nada cambiará mientras persistan otros dos aspectos que han sido la constante en todo el sistema: corrupción e impunidad. ®