La falsa democratización de los medios

El movimiento 132 ni siquiera tiene una agenda precisa para “democratizar” los medios de comunicación; una agenda de telecomunicaciones que favorezca la convergencia, competencia y competitividad. Peor aún es el hecho de que exista un coro que exige en las marchas la nacionalización y expropiación de los medios de comunicación.

Es pertinente preguntarse qué hacer con la inconformidad real con los resultados de la elección de este 2012. Hay movilizaciones sociales en repudio a la “imposición” de Enrique Peña Nieto debido a una “alianza” con Televisa y otros medios y enojo contra la pésima actuación de las casas encuestadoras, a las que se les acusa de haber sido herramientas de propaganda más que “radiografías” de las campañas.

En la plaza pública se puede medir el pulso en contra de la actuación de algunos medios de comunicación; paradójicamente, mientras el movimiento #YoSoy132 tomaba las calles de la capital y de otras ciudades para exigir la “democratización de los medios de comunicación”, el Gobierno Federal entregaba a las televisoras nuevas concesiones como los canales espejo, situación que se agrava ya que en la siguiente legislatura habrá 21 legisladores vínculados con las televisoras, conocidos como “la telebancada”.

Los movimientos sociales no son los que han frenado las reformas lesivas a la nación en cuestión de medios de comunicación, entre otras razones porque la izquierda institucional les ha dado la espalda. La percepción de la “imposición” televisiva pierde legitimidad como reclamo de la izquierda cuando han sido los movimientos supuestamente progresistas los que han empoderado al gran elector o se han valido de los mismos instrumentos mediáticos para llegar al poder, y los movimientos sociales que propugnan por la democratización parecen ignorar los mecanismos para alcanzarla.

“Democratización de los medios de comunicación” es una exigencia pública de los #YoSoy132, a la cual se han sumado en reiteradas ocasiones las fuerzas “progresistas” de este país.

Sin embargo, en los hechos se ve que la izquierda institucional ha sido el vehículo de intentonas de atraco a la nación. Para poner un ejemplo, la famosa “Ley Televisa” fue presentada por el entonces diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Pablo Gómez, ahora senador, quien omitió su lectura y pasó directamente a su aprobación; los levantadedos de todos los partidos votaron a favor. Esta ley representaba un atraco al entregar a perpetuidad el espectro radioeléctrico a particulares, justamente cuando la competencia en las frecuencias de banda ancha es uno de los mayores generadores de riqueza en el mundo. El PRD sólo votó contra la ley cuando ésta era imparable, ya que en pleno proceso electoral de 2006 temía que las poderosas televisoras se le echaran encima a su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Éste, por cierto, tampoco se pronunció en contra de esa ley y sólo le dijo a Carmen Aristegui lo siguiente: “[votaron así] porque son libres [..] Además, por lo general a mí no me consultan”.

Esa ley no pasó gracias a que un senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral, y otros legisladores enfrentaron al poder mediático de frente y a que los magistrados de la Suprema Corte actuaron responsablemente. Corral resultó electo senador por Chihuahua en la pasada elección de julio (a pesar de los intentos del propio PAN por impedir su llegada) y se perfila como el principal opositor a la “telebancada”. A la izquierda institucional debería de darle vergüenza que el principal opositor político de los personeros de las televisoras en el congreso sea un miembro del PAN y no de esa izquierda.

El pasado mes de abril los diputados de izquierda lanzaron una iniciativa para favorecer al poder mediático que dicen combatir en un acto de enorme incongruencia. Armando Ríos Piter, diputado del PRD, apoyado por Mario Di Constanzo, del Partido del Trabajo (PT), presentaron y defendieron la iniciativa para reformar el artículo 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, agregando un artículo 79-B. Este artículo 79-A establece que los concesionarios están obligados a transmitir todos los spots electorales dispuestos por el Instituto Federal Electoral (IFE) en el tiempo del Estado al que tienen acceso los partidos y las autoridades electorales. Con el nuevo artículo 79-B las emisoras agrupadas en cadenas nacionales cumplirán sólo transmitiendo los spots originados en el Distrito Federal y sin interrumpir su programación local. Con esta reforma los representantes populares se dan un tiro en el pie, ya que los candidatos locales se someten a la buena voluntad de los concesionarios de los medios de comunicación para transmitir o no sus spots.

Más preocupante aún es que un miembro de la telebancada haya llegado por la vía de un partido de izquierda y que el candidato presidencial no haya reconvenido a la dirigencia del Movimiento Ciudadano por postular a Alejandro Quintero, personero de las televisoras que a través de las cableras firma desplegados contra Carmen Aristegui.

La izquierda tiene una talón de Aquiles aún más grande. Lo que más se ha criticado a Enrique Peña Nieto ha sido el enjuague que se realizó a través de las empresas TV Promo, Radar Servicios Especializados y Crea TV (entes de Televisa), que en flagrante violación al artículo 41 de la Constitución (desde la reforma de 2007) comercializó el tiempo en televisión para construir la imagen del gobernador del Estado de México en proyección nacional con miras a la Presidencia de la República, teniendo un gasto excesivo según documentos trascendidos e “información reservada” a través del sistema de transparencia del Estado de México. También es de alarmar que cuando AMLO era jefe de Gobierno del Distrito Federal su gasto en Comunicación Social fue un despilfarro, gastando más que las secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, Energía y Turismo juntas para construir su imagen nacional a través de Televisa, a la que le concedió la mayor parte de su presupuesto de comunicación.

Personajes que no creen en la libertad de prensa

No acaba ahí el rosario de inconsistencias de los que dicen ser mejores que la derecha. Al postular a Manuel Barlett para senador por el estado de Puebla y a la postre darle una curul plurinominal, aquel miembro del viejo PRI —que fue a ojos de muchos el operador de la imposición de Carlos Salinas de Gortari y que fungió como un oscuro secretario de Estado que reprodujo las peores prácticas del PRI, entre ellos la intimidación y la censura— se transforma por arte de magia en un progresista. En el colmo de la desfachatez, ese diputado que se cree la voz del pueblo, Gerardo Fernández Noroña, lo declara compañero de ruta.

Noroña tiene una vena censora muy marcada, como lo demostró al reventar la presentación del libro de Carlos Tello Díaz sobre las elecciones de 2006; se puede estar o no de acuerdo con lo que escribió Tello, pero amenazar al autor y a la editorial por publicarlo es un acto digno de los camisas negras.

Entre los colaboradores cercanos a AMLO en la pasada campaña de 2006 también estuvo Federico Arreola, el hombre que había llamado a reelegir a Carlos Salinas de Gortari y quien, según trascendidos, se había dado una vuelta por las redacciones de varios diarios para indicar cuáles periodistas podían quedarse cuando ganara la coalición obradorista y cuáles “se tendrían que ir a Miami”.

Además ha sido tan imprudente que ha pedido censura públicamente. Como se sabe, Cuauhtémoc Cárdenas renunció a todos sus cargos en el PRD porque en declaraciones a dos periodistas de La Jornada, Renato Dávalos y Blanche Petrich, el expresidente de ese partido, Leonel Godoy —viejo amigo de Cárdenas—, rechazó la propuesta que éste había realizado al iniciarse el congreso del PRD de que se disolviera el Comité Ejecutivo Nacional y que Godoy eligiera uno nuevo, asegurando éste que si hacía eso se convertiría en un “dictadorzuelo”. Cárdenas, como él dijo, por congruencia renunció a todos sus cargos. Godoy, sorprendido y consternado, culpó a La Jornada de haber tergiversado sus declaraciones y se hizo un complicado enredo entre lo que debería ser público y lo privado. Si lo había dicho a una delegación de Tamaulipas o a los reporteros de ese diario, lo cierto es que Renato y Blanche tienen grabado al presidente del partido.

Eso no fue lo grave, sino que Noroña pidió entonces, en pleno congreso, “un voto de censura” contra La Jornada; un grupo numeroso de delegados comenzaron a corear consignas contra ese periódico y a romper ejemplares. ¿Un partido puede pedir un “voto de censura” contra un medio simplemente porque alguno de sus dirigentes se equivocó en una declaración y así se publicó?

Hay un hecho no muy difundido que no deja de ser relevante, la vena intolerante del propio López Obrador hacia la prensa libre, e incluso con los medios afines a su causa. El 18 de mayo de 2009 el semanario Proceso publicó una carta de AMLO a la redacción donde éste hace puntualizaciones y les reclama usar su “supuesta pluralidad” para “calumniar” y “complacer a la derecha”, esto con motivo de los reportajes publicados en el semanario donde se difunde el episodio del empresario Carlos Ahumada. “El propósito de estas líneas es expresar mi desacuerdo con la actitud de los duendes que existen en la redacción de Proceso”, escribía López Obrador.

Esto no es un hecho aislado. Entre los colaboradores cercanos a AMLO en la pasada campaña de 2006 también estuvo Federico Arreola, el hombre que había llamado a reelegir a Carlos Salinas de Gortari y quien, según trascendidos, se había dado una vuelta por las redacciones de varios diarios para indicar cuáles periodistas podían quedarse cuando ganara la coalición obradorista y cuáles “se tendrían que ir a Miami”. Arreola, posteriormente, se hizo socio de Víctor Hernández en el portal SDP Noticias (antes Sendero del Peje), donde fue acusado por el propio Víctor de hacer triquiñuelas con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Los intereses y los medios

Se acusa a Joaquín López Dóriga, Carlos Marín y otros periodistas de ser militantes de una causa, tal y como les dijo AMLO en el programa Tercer Grado, “la casa juega”, en alusión a que esos presentadores son necesariamente alfiles de Televisa y que ésta apoya a Enrique Peña Nieto. Aunque se les olvida mencionar que trascendió que Carlos Slim fue un importante promotor de la campaña de la izquierda pues a través de publicidad comprada por las empresas del magnate se apoyó a publicaciones que favorecieron a AMLO (¿será porque éste le prometió una tercera cadena?). O que el principal espacio radiofónico que tiene la izquierda en México, el noticiario de Carmen Aristegui —de la empresa MVS, propiedad de la familia Vargas— tiene una alianza con Slim para distribuir Dish, principal competencia de Sky, de Televisa.

Otro de los promotores de AMLO es el conservador empresario regiomontano Alfonso Romo, quien fundó la asociación Despierta México para promover la candidatura del tabasqueño con el empresariado de Nuevo León. Romo también es conocido por haber tenido negocios con el dictador chileno Augusto Pinochet por más de un millón y medio de dólares, además de ser el principal patrocinador de Reporte Índigo, portal web y desde hace unos pocos meses también un diario que se expende en varias ciudades del país, dirigido por Ramón Alberto Garza, también de clara filia obradorista.

Es obvia también la cercanía de AMLO con otros medios de comunicación, como La Jornada, diario que recibe una gran cantidad de dinero del Gobierno del Distrito Federal. La Jornada, por su parte, ha censurado y expulsado a voces cardenistas que criticaban a AMLO, como Marco Rascón, por capricho de personajes con tendencias censoras y regresivas muy marcadas, como John Ackerman y Octavio Rodríguez Araujo, avalados por la sempiterna directora Carmen Lira —quien también fue la responsable de la censura y salida de Luis González de Alba para contener la ira de Carlos Monsiváis.

López Obrador también es cercano a Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador del semanario Proceso, quien fue el abogado del tabasqueño durante el juicio de desafuero; además, varios de los reporteros de esa revista han sido servidores públicos del GDF, como Jenaro Villamil, quien fue secretario particular de Rosario Robles.

Estas relaciones no constituyen un delito ni una asociación perversa, pero son parte del contexto político que envuelve a un medio de comunicación. Miguel Ángel Granados Chapa fue candidato del PRD para la gubernatura de Hidalgo, por ejemplo, y a pesar de esa aventura sus columnas nunca perdieron credibilidad debido a la pulcritud de su trabajo. Lo que no puede hacerse es señalar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio, pues en todos los medios hay intereses, filias y fobias.

La izquierda y su dos veces candidato presidencial han mantenido un discurso por demás contradictorio respecto de los medios de comunicación, su apertura y su “democratización”. Aunque en sus libros AMLO enfrente a la oligarquía con un discurso que exige democracia a grito pelado, no ha tenido ningún prurito de orden moral al negociar con el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca, quien le vendió a AMLO 42 veces más barato el tiempo de radio y televisión durante la campaña de 2006; incluso en 2007 le vendió un espacio durante un año a 12 millones de pesos —salidos del erario público— llamado La Otra Verdad, que en 52 emisiones fracasó rotundamente en rating.

Paradójicamente, este empresario, que ha provocado escándalos como los de UNEFON y FERTINAL y se apropió con un comando armado de CNI canal 40, en un acto a todas luces ilegal, es uno de los integrantes de “la mafia del poder y el dinero” que describe AMLO en sus libros y a la vez un aliado ocasional de la izquierda.

Marchas, sin fondo y en perjuicio de la verdadera democratización de los medios

El pasado 7 de julio surgió en Guadalajara —donde escribo—, al igual que en muchas ciudades mexicanas, un movimiento de inconformidad con los resultados del proceso electoral donde fueron elegidos los candidatos del PRI Enrique Peña Nieto, para presidente, Aristóteles Sandoval, para gobernador, y Ramiro Hernández, para alcalde de la ciudad. En las marchas que han organizado se han escuchado consignas que denotan ignorancia sobre los intereses mediáticos en las elecciones. Consignas contra Sanborns y Telcel (“Aquí están, éstos son los que chingan la nación”), propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, quien fue un impulsor más o menos velado de la campaña de AMLO y con quien tiene buena relación desde la remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México durante su gestión. Consignas contra la tienda Soriana, mini-plantón frente a Televisa Guadalajara, gritos —con menos vehemencia— frente a Milenio Jalisco, periódico que publicó encuestas que fallaron hasta por 30 puntos respecto del resultado final entre el puntero y el segundo lugar.

Si el movimiento #YoSoy132 tuviera una agenda verdaderamente progresista en medios de comunicación no debería haber invitado a Camila Vallejo, quien elogia y se toma fotos con el dictador Fidel Castro, quien no tolera crítica ni prensa libre, sino a Yoanni Sánchez, la bloguera cubana opositora al sistema cerrado a los medios de comunicación que existe en la Cuba actual.

No hay gritos contra Raúl Padilla, cacique de la Universidad de Guadalajara y uno de los principales artífices de la victoria del PRI en Jalisco, que utilizó el sistema de Medios de la UdeG en contra de un candidato; tampoco se escuchan consignas por la libertad de prensa y contra la agresión que sufrieron periodistas y activistas por parte del suegro del candidato del PRI al gobierno del estado, Aristóteles Sandoval, quien agredió a periodistas de Milenio y Radio Universidad.

El movimiento 132 ni siquiera tiene una agenda precisa para “democratizar” los medios de comunicación; una agenda de telecomunicaciones que favorezca la convergencia, competencia y competitividad. Peor aún es el hecho de que exista un coro que exige en las marchas la nacionalización y expropiación de los medios de comunicación, lo cual no tiene nada de progresista. Por el contrario, esa es más bien una tendencia regresiva de sistemas políticos cerrados y represivos, como el de Cuba, donde solamente existe el diario Granma como sistema de información del Estado, o los regímenes del viejo PRI, en los que la empresa papelera PIPSA se encargaba de surtir de papel a los periódicos y fungía como un órgano de censura.

Si el movimiento #YoSoy132 tuviera una agenda verdaderamente progresista en medios de comunicación no debería haber invitado a Camila Vallejo, quien elogia y se toma fotos con el dictador Fidel Castro, quien no tolera crítica ni prensa libre, sino a Yoanni Sánchez, la bloguera cubana opositora al sistema cerrado a los medios de comunicación que existe en la Cuba actual.

La verdadera democratización progresista

Las consignas del movimiento 132 no siguen, por ejemplo, el paso dado en Argentina, donde con una precisión jurídica y técnica la ley recupera la información, el fútbol y la política de las manos de grupos oligopólicos basándose en convenios y tratados internacionales, parámetros de la Comunidad Europea, directrices de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La agenda argentina estipula el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción y desconcentración y fomenta la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de nuevas tecnologías. Crea órganos descentralizados de aplicación de la ley, establece normas que garantizan la diversidad de contenidos, cine y artes nacionales y garantiza el acceso a contenidos de interés relevante, como acontecimientos deportivos. Pone límites a las frecuencias y las asignaciones; la multiplicidad de licencias no podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más de 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios. El proyecto obliga a los grandes conglomerados a desprenderse de empresas en un año, impide a los operadores de cable tener canales de TV abierta, reduce de 24 a diez la cantidad de licencias de radiodifusión que puede poseer una empresa y ordena una reserva de espectro en tres partes iguales, una para uso comercial, otra para el Estado y otra para medios de uso social no lucrativos, afectando a los grupos Prisa y Clarín, que han aceptado a regañadientes la reforma.

Mientras no exista un consenso en la agenda progresista sobre legislación de medios entre los actores políticos y la movilización callejera, todo intento de “democratización de los medios de comunicación” será falso. ®